SUPREMA CORTE DECIDIRÁ SOBRE WIXÁRIKAS DESPLAZADOS

Por Enrique Gutiérrez

El 4 de diciembre de 2017, en Tuxpan de Bolaños, una pequeña localidad en las montañas de Jalisco, una turba atacó a 21 adultos y 29 menores de edad, los despojó de sus pertenencias, les quitó sus casas y los echó de su comunidad. Su único “delito” era ser testigos de Jehová y no participar en los ritos religiosos tradicionales de los huicholes.

Han pasado dos años desde que un juez federal indicó que la expulsión estaba justificada. Sin embargo, posteriormente un Tribunal Colegiado de Circuito revocó esa decisión. Ahora, este próximo miércoles 1 de julio la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará el caso y decidirá sobre cuestiones importantes para todo ciudadano, prescindiendo de su religión.

Han pasado dos años y medio desde que fueron desterrados de su comunidad y actualmente la mayoría de los testigos de Jehová está pagando renta, a pesar de que son dueños de casas en su comunidad. Debido a la pandemia, algunos han perdido sus empleos y han viajado a otras ciudades en busca de trabajo, dejando atrás a sus familias.

Algunos no han podido solicitar apoyo económico al gobierno porque no tienen los documentos, pues no les permitieron recogerlos el día que fueron expulsados y como tienen prohibida la entrada a su comunidad, no han podido visitar a sus familiares en todo este tiempo.